El 14 de Diciembre de 2006 se aprobó una Ley que ha supuesto un avance social sin precedentes, la creación del cuarto pilar del Estado del Bienestar, la llamada Ley de Dependencia. Los avances sociales más importantes que se han producido en la historia de nuestro país han estado impulsados siempre por Gobiernos Socialistas.
Con los Gobiernos de Felipe González, se instauró el acceso a una sanidad pública para todos y todas, se estableció la educación como un servicio público universal y gratuito y se creo un sistema de pensiones más justo para trabajadores y trabajadoras. Durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se aprobó la Ley de Dependencia y la universalización de la sanidad.

Por el contrario, durante el Gobierno Popular de José María Aznar, no se aprobó ninguna nueva gran ley social y ahora con Rajoy, en tan sólo 10 meses y dos presupuestos, no sólo se ha aniquilado presupuestariamente el Estado del Bienestar, sino que además se han eliminado derechos y libertades que hacen que nuestra sociedad sea hoy más injusta y desigual.

Peor si son graves los recortes en educación, cultura, sanidad o la eliminación de derechos y libertas perpetradas por el Gobierno del Partido Popular de Rajoy, la eliminación de la Ley de Dependencia supone un atentado brutal a los que más sufren, a aquellos y aquellas que además de disponer de pocos recursos para el desarrollo de su vida, se encuentran con sus facultades físicas o mentales mermadas por enfermedades. Permítanme, esta actuación supone un violento ataque sin escrúpulos y sin contemplaciones. Una actitud propia de aquellos que se creen que la vida pasa en limusina.

Para los valencianos y valencianas si la situación ya era vergonzosa, ahora con el Gobierno de Rajoy la situación es ya lamentable. Pero claro, no hay nada como decir que la culpa es del Gobierno de Zapatero y de los socialistas, aunque Fabra bien podría quejarse a su amigo Camps que le hizo un “Sin pa” y le dejo un Comunidad arruinada económica y social.

La aplicación de la Ley de la dependencia en nuestra comunidad es una burla del Consell a los ciudadanos y ciudadanas. Para la tramitación de una prestación de dependencia, los beneficiarios tienen que pasar por 32 pasos que le llevará entre 2 y 4 años ¿Sinceramente creen que estas personas pueden esperar 4 años? No, no pueden, por desgracia muchos de ellos han fallecido sin percibir un derecho que tenían reconocido por Ley. Con esta actuación torticera e inhumana de los dirigentes populares valencianos, más de 73.000 personas no han podido acceder a la misma. A 73.000 valencianos y valencianas se les ha negado un derecho.

Pero estamos acostumbrados a las mentiras del PP Valenciano y de sus dirigentes, mentiras que se desmontan por si solas. Acusaciones falsas al Gobierno de Zapatero apuntando que está Ley no contaba financiación o que la tramitación de la misma era inaplicable e injusta. Pues vamos a decir las verdades de los números y de las personas. En Castilla y León, con la mitad de población que la Comunidad Valenciana, actualmente hay 64.000 beneficiarios, 19.000 más que en nuestra comunidad.

El Gobierno socialista aportó 7.000 millones de euros para el desarrollo de la Ley de Dependencia, que posteriormente se ampliaron a 12.000 millones de euros. Mientras, el PP no aportó la parte que le correspondía, utilizaba el dinero para otros fines, negaba a los nuevos dependientes su prestación y endeudaba a las instituciones y asociaciones que se hacen cargo del cuidado de los y las dependientes. Es decir, boicotea la Ley a la vez que engañaba a los ciudadanos.

Gobernar es tomar decisiones, priorizar acciones y hacer de esta una sociedad más habitable y justa. El Partido Popular Valenciano no lo entiende así, mientras las personas dependientes no reciben las prestaciones que tienen garantizadas por Ley, los valencianos y valencianos pagamos a los magnates de la Formula 1 sus fiestas glamurosas. Mientras la Generalitat adeuda 20 Millones de euros a los enfermos mentales, discapacitados intelectuales y físicos, le pagan 30 Millones de euros por adelantado para que se celebre en Valencia una carrera que a nadie beneficia, bueno si, a los de siempre. Es injusto e inhumano.

No se trata de demagogia, se trata de realidad, de personas que sufren y padecen, que merecen un trato digno, el que la Ley les reconoce. Las sociedades avanzadas no dejan a sus ciudadanos y ciudadanas más débiles al albur del destino. Una vergüenza que debería sonrojar a los dirigentes del partido popular. No queremos una Comunidad Valenciana injusta e insolidaria. Progreso y equidad social no están reñidos, otra sociedad es posible. Afortunadamente ya no está en manos del PP, depende de nosotros, construyámosla juntos.